Gestión integral de empresas
MENU

Lunes a Viernes

10 a 14 - 16:30 a 20:00

Autor: <span>Gesinter</span>

La Agencia Tributaria promete un bonus de 100 millones a cambio de recaudar más IVA e IRPF

La Agencia Tributaria promete a sus funcionarios el abono de un bonus de 100 millones de euros  a cambio de recaudar más IVA e IRPF, lo cual significa realizar más inspecciones y llevar a cabo interpretaciones de la norma más restrictivas aún para el contribuyente.

Hacienda duplica este año el bonus al que pueden optar sus más de 24.000 funcionarios.

Los objetivos de la AEAT son: recaudar más IVA que lo que crezca el consumo y más IRPF que lo que suban los salarios. Es decir, ahogar al contribuyente.

No es el primer año que se aprueba dicho privilegio. El sistema fue puesto en marcha en 2014 por Cristóbal Montero. En el año 2020, sin ir más lejos, se aprobó un bonus de algo más de 50 millones. Para este año, ante el bajón de la recaudación en 18.000 millones de euros, el gobierno de Sánchez duplica la cuantía para espolear inspecciones tanto a las personas físicas como a las empresas, aplicando criterios más restrictivos para los contribuyentes.

Se trata de un bonus que la AEAT ofrece a sus empleados si se comprometen a realizar horas extras y logran ciertos objetivos de recaudación. 

Ya el año pasado, asociaciones de funcionarios expresaron su malestar, pues consideraron que «no es el momento». Ahora, esos 100 millones podrían invertirse en ayudas a las empresas que más han sufrido los efectos de la crisis. Más de 207.000 empresas ya han cerrado desde que comenzó la gestión de la pandemia, y más de 323.000 autónomos han cesado su actividad. La pregunta es de puro sentido común: ¿no debería utilizarse esa cantidad para reflotar empresas y reactivar autónomos?

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha criticado en repetidas ocasiones esta clase de incentivos asociados a la recaudación, ya que, entiende, contradicen «los principios de justicia, generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad».

«Un sistema de “bonus por alta recaudación” es no sólo perjudicial para los contribuyentes sino también para los propios inspectores», alega el organismo que subraya la elevada litigiosidad de Hacienda y los contribuyentes. «Mucho del llamado “fraude descubierto” por la Agencia Tributaria es posteriormente corregido por los tribunales, pero nos tememos que esa corrección no genera una devolución de su sueldo por parte del inspector liquidador», reseña la Aedaf.

La firma de este complemento salarial, con decenas de miles de empresas cerradas temporalmente, autónomos ahogados y el paro disparado, es cuando menos inoportuno.

Un subinspector de Hacienda pudo percibió el año pasado casi 4.000 euros gracias a este mecanismo, más de 300 euros por cada una de las doce horas extras que tuvo que hacer. Un inspector puede cobrar hasta más de 5.000 euros.

El bonus lo cobran los empleados de la Agencia Tributaria adicionalmente al complemento de productividad que ya tienen los funcionarios.

El plus se da en un momento en el que economistas y asesores piden ampliar el plazo para pagar impuestos y presentar las declaraciones de IVA y de la Renta.

Las sociedades inactivas desaparecerán tras el Covid

Según la Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020 “las empresas inactivas resultan “potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de los bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan a la transparencia de nuestro sistema y a la comunicación del ‘beneficiario efectivo”.

Así lo manifestaba la Agencia Tributaria a principio de este fatídico año, sin sospechar que sus intenciones iban a quedar temporalmente frustradas con la llegada del “bicho”

La crisis del coronavirus ha provocado el cierre de muchos negocios. En septiembre de este año se han disuelto un 29,3% más de sociedades que las registradas el pasado 2019. Según dicen los expertos, en España más de la mitad de las empresas son inactivas. Unas 700.000 compañías constituidas no están desarrollando su actividad.

Habrá un antes y un después del 13 de marzo de 2020 en el mercado español. Las cifras de la Seguridad Social reflejan que el número de empresas que cotizan está situado hoy en 1.403.578, la más baja desde 2014, el año en el que la economía española comenzó a crecer y a crear empleo tras seis largos años de crisis. Los datos que elabora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son solo un anticipo del impacto que tendrá la pandemia, tras la finalización de los ERTE por fuerza mayor. Ante esta debacle, Hacienda considera que “ahora más nunca es necesario acometer esta purga”.

Sociedades ‘zombies’

La Administración tiene en el punto de mira las “sociedades zombies” y anuncia que se van a implementar determinadas medidas con la finalidad de depurar los censos de forma que, solo las sociedades que realmente intervengan en el mundo comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal.

La tarea que le espera a la Agencia Tributaria es titánica. A día de hoy, por lo que indican los medios de comunicación se pretende combatirlas mediante la reforma de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude. Tenga en cuenta que, estas sociedades pueden ser revividas para operaciones delictivas.

Se están barajando una serie de enmiendas que pretenden, por una parte, obligar a los registradores mercantiles a asumir la limpieza del listado de sociedades “en coma inducido” y, por otra, autorizar a Hacienda para que, les prive del número de identificación fiscal, lo que supondrá su muerte civil.

Las sociedades inactivas son aquellas entidades que paralizan su actividad, pero sin llegar al punto de disolverse a la espera de ser reactivadas o liquidadas por completo.

Dejar una sociedad inactiva es muy fácil, simplemente, se trata de entregar el modelo 036 en la Agencia tributaria en el plazo de un mes desde la fecha de cese marcando la casilla 140 “Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin liquidación. Entidades inactivas)” y la casilla 141 con la fecha en la que efectivamente cese la actividad.

Las causas de este “parón” pueden ir desde la dejadez del empresario de turno hasta el intento de esquivar o diferir los gastos notariales, aranceles registrales y cargas fiscales asociadas a la liquidación.

El empresario mantiene a la empresa ” en pausa” y se ahorra el coste inherente a la disolución de la sociedad y el sobrevenido por su posterior constitución, en caso de que se quiera reanudar su funcionamiento.

Aun así, no todos son ventajas, no olvide que, aunque carentes de actividad estas empresas no están exentas de cumplir con sus obligaciones mercantiles y fiscales. No presentar el Impuesto sobre Sociedades, no depositar las Cuentas en el Registro o no disolver la sociedad dejándola inactiva “sine die” puede acarrear importantes sanciones económicas. En el caso de que no se depositen los documentos en los plazos legales establecidos, los administradores de la sociedad podrían tener sanciones de 1.200 euros a 60.000 euros.

Todo ello sin olvidar que, con la revocación del NIF se consigue que el Registro en el que esté inscrita la empresa extienda en la hoja abierta a dicha entidad una nota marginal para evitar que pueda realizarse ningún apunte. Este cierre se traduce en:

• La baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios y en el Registro de Devolución Mensual del IVA y, también, en la imposibilidad de realizar operaciones bancarias en las cuentas o depósitos de estas sociedades.

• Un impedimento para obtener el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias, lo que sin duda alguna expulsará automáticamente a cualquier sociedad de la rueda de la contratación pública.

Ir a la web de la noticia

Concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2020

Cualquier entidad o empresa, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español, podrá presentar su candidatura al Ministerio de Igualdad para la concesión de este distintivo de excelencia empresarial, que sirve a las empresas para sus relaciones comerciales y la publicidad, como una parte importante de la Responsabilidad Social Corporativa. Además, supone un elemento de valoración positivo en relación con los contratos con la administración pública. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 21 de noviembre de 2020.

Le informamos que en el BOE del día 21 de octubre se publicó la Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la concesión del Distintivo Igualdad en la Empresa para el año 2020. Se otorga desde hace 10 años a empresas que desarrollan medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. El objetivo es reconocer a las organizaciones con un nivel de excelencia en esta materia. En esta edición se incluye los nuevos aspectos recogidos en los Reales Decretos de planes de igualdad y registro retributivo.

¿Qué es el Distintivo de Igualdad en la Empresa?

El Distintivo de Igualdad en la Empresa es una marca de excelencia que reconoce a las empresas y otras entidades que destacan en el desarrollo de políticas y planes de igualdad en relación con las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de las empresas. El objetivo es premiar y estimular la labor de las empresas y entidades comprometidas con la igualdad.

La concesión del distintivo tiene un carácter honorífico y no reporta ningún tipo de beneficio económico. No obstante, la obtención del mismo tiene múltiples ventajas.

Sirve a las empresas para sus relaciones comerciales y la publicidad, como una parte importante de la Responsabilidad Social Corporativa. Además, supone un elemento de valoración positivo en relación con los contratos con la administración pública. Así, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 127 señala que los órganos de contratación pueden exigir dicho distintivo a las empresas como requisito “en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato”.

¿Quién puede solicitarlo?

Cualquier entidad o empresa, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español.  A estos efectos, el término empresa debe entenderse de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 del ET.

Quedan excluidas de la posibilidad de presentar candidatura las Administraciones Públicas, entendiendo por tales las relacionadas en el artículo 3.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las entidades o empresas candidatas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscrita en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y, cuando proceda, encontrarse formalmente constituida e inscrita en el registro público que corresponda.

b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.

c) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

d) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios.

e) Contar con un compromiso explícito en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, la organización y funcionamiento interno de la empresa o entidad, y la responsabilidad social corporativa. Dicho compromiso deberá constar por escrito y, además, deberá acreditarse la forma elegida por la empresa para realizar su difusión a toda la plantilla.

f) Haber implantado un Plan de Igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa o entidad esté obligada a ello, ya sea por su dimensión según la normativa vigente, como sustitutivo de una sanción o por indicación de su convenio colectivo. En los demás supuestos, haber implantado un Plan de Igualdad o, en su defecto, políticas de igualdad articuladas en medidas concretas implantadas y, posteriormente, evaluadas.

g) Haber realizado informes de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad o, en su defecto, de las medidas implantadas en el contexto de sus políticas de igualdad. La evaluación deberá haberse realizado después de que haya transcurrido al menos un año desde la aprobación del Plan de Igualdad o la implantación de las citadas medidas.

Las sociedades que no puedan formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital, y que cuenten con consejo de administración, deberán cumplir cualquiera de los siguientes requisitos:

1) Acreditar una presencia de mujeres, en su Consejo de Administración, igual o superior al porcentaje medio de mujeres en dichos órganos recogido en los tres últimos informes anuales de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados oficiales que, en su caso, publique y actualice la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el conjunto de estas entidades. Dicho porcentaje queda fijado en esta convocatoria en el 18,5 por ciento del total de las personas que lo componen.

2) Haber suscrito un acuerdo con el Ministerio de Igualdad dentro de los programas que este lleve a cabo, al objeto de que aquellas incrementen de manera voluntaria la presencia de mujeres en su Consejo de Administración, en las condiciones que se establezcan en dicho acuerdo.

¿Cómo se puede solicitar?

Las empresas o entidades deberán presentar su candidatura mediante los modelos normalizados que figuran como anexos I.a, I.b y I.c de la Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, que incluyen, respectivamente, su descripción, una memoria de su situación en relación con la aplicación e implantación de planes y medidas de igualdad, e información de índole cuantitativa sobre la plantilla y la estructura salarial media anual de la empresa o entidad, diferenciada entre mujeres y hombres, con el fin de analizar la existencia de brechas salariales. Asimismo, deberán aportar el anexo II (Declaración firmada por la persona que represente legalmente a la empresa o entidad), y, en su caso, en anexo III (Candidatura al distintivo «Igualdad en la Empresa» 2020).

Hay que presentar la candidatura antes del 21 de noviembre de 2020 a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

También se puede pedir más información escribiendo a: distintivoie@inmujer.es o a través de la web igualdadenlaempresa.com donde se encuentra toda la información y documentación necesaria.

Ver Guía para la cumplimentación de la candidatura al distintivo “igualdad en la empresa” convocatoria 2020:

https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/convocatorias/DIE_2020/GUIA_DIE_2020.pdf

Documentación

La documentación a presentar es:

a) en el caso de empresas, el documento de constitución y certificación acreditativa de su inscripción en el registro público correspondiente, estatutos y modificación de los mismos, si es que ha habido.

b) en el caso de autónomos/as, DNI, pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero o, en su caso, autorización al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en documento expreso que se adjunte a la candidatura.

  1. NIF.
  2. autorización de la persona que legalmente representa la empresa, para poder acreditar que la entidad está al corriente de pago de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Dicha persona también tiene que rellenar una declaración firmada, en la que se indique que la empresa no ha sido sancionada en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en los últimos 2 o 3 años.
  3. el Plan de Igualdad aplicado en la empresa.
  4. indicar además que la empresa ha transmitido a su plantilla su compromiso en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, así como la publicidad que se haya hecho, de dicho compromiso, fuera de la empresa.
  5. el balance de situación que sirvió́ como base para definir el Plan de Igualdad. Se debe incluir también el balance o informe sobre las medidas o planes de igualdad que se hayan implantado en la empresa.
  6. en el caso de empresas con consejo de administración que no puedan formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, tienen además que acreditar que, en el consejo, la presencia de mujeres es igual o superior al 17% del total.
  7. si ya tuvieras algún otro distintivo parecido, entregado por otra administración pública, aporta una copia del documento que lo acredite.

El Ministerio tiene un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de finalización de recepción de candidaturas, para evaluar la candidatura.

Si finalmente la empresa en cuestión consigue el sello, se hará entrega de él en un acto público con publicidad.

Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo

La concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» otorgará a las empresas y entidades beneficiarias las facultades a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre:

a) La entrega a la empresa en acto público por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de un certificado de la concesión del distintivo empresarial en materia de igualdad.

b) El uso del distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.

c) La valoración del distintivo a efectos de la obtención de subvenciones públicas en cuyas bases reguladoras se premie la efectiva consecución de la igualdad en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) La consideración del distintivo en la adjudicación de los contratos en los términos y condiciones establecidos en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 3/2007. A estos efectos, cuando los órganos de contratación dispongan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia para aquellas empresas que establezcan medidas tendentes a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, se entenderá que cumplen tal requisito las poseedoras del distintivo empresarial, sin perjuicio de que tal circunstancia pueda acreditarse por cualesquiera otros medios que el órgano de contratación determine. La empresa que hubiera hecho uso de esta preferencia, estará obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo fijado en la adjudicación.

e) La publicidad y difusión institucional por parte del Ministerio de Igualdad de las empresas que hayan obtenido el distintivo en materia de igualdad y de las políticas de igualdad aplicadas en las mismas.

Igualmente, estas empresas o entidades deberán promover activamente la igualdad efectiva de mujeres y hombres, especialmente en el cumplimiento y mejora de las medidas que integran el Plan de Igualdad, o las Políticas de Igualdad, que justifiquen la concesión de su distintivo.

Vigencia y prórroga

La concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» tendrá una vigencia inicial de tres años, entendiéndose que la primera anualidad se cumplirá el último día hábil del mes de marzo siguiente a haber transcurrido al menos un año desde la publicación de su concesión en el BOE.

En el tercer año, se puede pedir una prórroga por otros tres años. Son las empresas distinguidas las que tienen la facultad de solicitarlo.

El Gobierno prepara un fuerte aumento de las multas laborales a las empresas

M. VALVERDE – Madrid – 1 NOVIEMBRE 2020

Trabajo prepara un reglamento para actualizar las sanciones laborales y de Seguridad Social con la inflación desde 2008. La infracción muy grave en riesgos laborales puede superar los 900.000 euros.

El Gobierno quiere que los empresarios y, en su caso, los trabajadores, comprueben que transgredir la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social les puede salir muy caro. Y para disuadirles de cometer una infracción, el Ejecutivo está dispuesto a subir un 14,3% el importe de las sanciones. Es decir, lo que ha subido el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde 2008 hasta el pasado mes de septiembre, porque la última vez que se actualizaron las cuantías de las sanciones fue en 2007.

Así se recoge en el proyecto de real decreto que modificará el reglamento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de las cuotas de la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Economía Social está preparando esta norma, para, entre otras cosas, “velar por el cumplimiento del principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador administrativo”. En este sentido el futuro Reglamento, a cuyas líneas maestras ha accedido EXPANSIÓN, recuerda que la última actualización de la cuantía de las sanciones en el orden social fue en 2007. Por lo tanto, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz considera que “ha transcurrido un tiempo suficiente para que la falta de actualización [de las multas] disminuya su capacidad disuasoria [para el empresario]”. Y, por lo tanto, que la norma que regula las sanciones en el orden social “no cumpla su máxima, según la cual, la comisión de infracciones tipificadas no debe resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas”.

En este sentido, el Ministerio recuerda que en su disposición adicional primera la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social autoriza al Gobierno a actualizar periódicamente la cuantía de las multas, “teniendo en cuenta la variación de los índices de precios de consumo”. La última actualización de las sanciones fue en 2007. Por lo tanto desde enero de 2008 al pasado septiembre, el IPC ha subido un 14,3%, como se puede comprobar en ine.es, la web del Instituto Nacional de Estadística. Incluso, la cuantía puede variar hasta que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto.

Sin embargo, a día de hoy, esta actualización de las sanciones significaría que las cuantías de las multas, fundamentalmente a las empresas por infracción muy grave, evolucionarían de la siguiente manera.

Por ejemplo, actualmente, las infracciones muy graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tienen una multa, en su grado mínimo, que va desde de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros, y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros.

Con la revisión de las cuantías, las sanciones podrían suponer hoy desde 46.846 a 187.500 euros, en su grado mínimo; de 187.401 a 468.504, en su grado medio, y desde 468.505 hasta 937.237 euros, en su grado máximo.

Adscripción de empleados

Una infracción muy grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es “la adscripción de los empleados a puestos de trabajo cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas, o que estén manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”.

Por infracciones muy graves en materia de Seguridad Social, los cambios en las cuantías de las multas evolucionarían de la siguiente forma: actualmente, las sanciones muy graves en su grado mínimo, van de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo, de 100.006 euros a 187.515 euros. Con la revisión de las sanciones que pretende el Ministerio de Trabajo, las nuevas multas serían las siguientes: desde 7.144,8 a 28.575 euros en su grado mínimo; de 28.576 a 114.005 euros, en su grado medio, y desde 114.006 a 214.329 euros.

Además, en materia de Seguridad Social, en algunos casos la sanción lleva un recargo del 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores o beneficiarios de prestaciones descubiertos en situación irregular; un 30%, cuando sean tres empleados. Un 40%, cuando haya cuatro personas en situación irregular, y un 50% , a partir de que la empresa incumpla sus obligaciones con cinco o más personas. Además, actualmente otras sanciones llevan recargo adicional por el importe de las cotizaciones sociales no abonadas de entre el 100% y el 150%. Las casuísticas de las infracciones en el orden laboral y de Seguridad Social es muy amplia. También hay sanciones por no pagar los salarios, por facilitar el fraude de los trabajadores a las prestaciones por desempleo o la contratación ilegal de inmigrantes, entre otras muchas infracciones. La actualización de las cuantías de las sanciones afectan a una amplia batería de ellas.

Economía sumergida

Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que Trabajo quiere endurecer las sanciones a las empresas infractoras. Con ello, trata de evitar que ante la grave crisis económica algunas opten por entrar en la economía sumergida para evadir cotizaciones sociales y la regulación laboral.

Por esta razón, además de subir las cuantías de las sanciones, el reglamento que prepara el Ministerio tiene un segundo objetivo: convencer al empresario, fundamentalmente, de que si reconoce la infracción y está dispuesto a pagarla con prontitud, no sólo disminuirá la cuantía de la sanción, sino que, además, se reducirá la tramitación administrativa. Trabajo admite que, en estos casos, “es necesario adaptar al procedimiento especial sancionador la posibilidad de terminar el mismo por pronto pago [del empresario]”. “Cuando el sujeto interesado reconozca su responsabilidad o manifieste su voluntad de pago y los realice antes de [que el organismo competente -la Inspección de Trabajo-] dicte la resolución del procedimiento”.

Hay que tener en cuenta que en estos casos, “cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario”, el órgano competente de la administración para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, “al menos”, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. Esto también vale para los casos en que la administración aprecie, al final, que sólo vale sanción económica porque se descarta la de otro tipo. Así se recoge actualmente en el artículo 85 de la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ver Noticia en Expansión.com

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021

Las cuentas públicas recogen el mayor gasto social de la historia y tienen como objetivo combatir los efectos de la crisis provocada por el COVID-19, la reconstrucción social y económica del país y la transformación de su modelo productivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incorporan un primer tramo de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que son unos presupuestos imprescindibles para la reconstrucción del país, tal y como han apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una comparecencia previa a la reunión del Ejecutivo.

Montero ha añadido que son unos presupuestos para el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social, que nacen en un momento en el que el mundo está sufriendo la mayor pandemia que hemos conocido durante un siglo: “Son los presupuestos que necesita el país en un momento excepcional”.

María Jesús Montero ha informado de que el gasto no financiero del Estado asciende a 194.456 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la aprobada como techo de gasto el pasado 6 de octubre.

El capítulo de gasto más relevante es el de las transferencias corrientes, que alcanza 136.502 millones de euros. El gasto de personal registra un aumento del 4,2%, que incluye el aumento del sueldo de los empleados públicos un 0,9%. El capítulo de inversión incorpora 19.668 millones de ayudas europeas y el capítulo que menos se incrementa es el relativo a los intereses de la deuda.

Presupuesto de gastos: El mayor gasto social de la historia

Pensiones y servicios sociales

La portavoz ha resaltado que el gasto social, que alcanza los 239.765 millones de euros, es el mayor de la historia, representa un 10% más que el año pasado e incluye casi 9.000 millones de fondos europeos. Sin la ayuda de esos fondos crecería un 6%, ha precisado la ministra, quien ha recalcado que las partidas de gasto social están en el ADN del Ejecutivo.

La revalorización de las pensiones un 0,9% y la subida del 1,8% de las prestaciones no contributivas beneficiarán a más de 10 millones de personas. Montero ha subrayado que el Gobierno cumple así su compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Las partidas destinadas a servicios sociales y protección social se incrementan un 70,3% si se suman los fondos europeos. La portavoz ha incidido en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social constituyen un eje prioritario: “Las políticas para combatir la pobreza infantil van a recibir un 59% más de dotación que en años anteriores”.

De igual modo, Montero ha resaltado que el presupuesto incorpora 3.000 millones de euros para consolidar el Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a 850.000 hogares y es “un arma estratégica en la lucha contra la pobreza severa”.

Otra medida para favorecer a los colectivos más vulnerables es la subida del 5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

La ministra también ha recalcado que se equiparan por primera vez en España los permisos de maternidad y paternidad al ampliarse estos de 12 a 16 semanas.

La partida destinada a luchar contra la violencia de género alcanzará los 180 millones de euros cumpliendo así el pacto de Estado contra esta lacra firmado con las formaciones políticas.

La mayor partida de becas de la historia

Los presupuestos garantizan la educación pública y de calidad con una dotación del 70,2%, incluyendo los fondos europeos, dirigida a fortalecer las competencias digitales tanto del profesorado como de los alumnos, a impulsar la Formación Profesional y a extender la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas.

María Jesús Montero ha defendido que el talento de los jóvenes no puede limitarse por la renta de sus familias, por lo que las cuentas públicas contemplan la mayor partida de becas de la historia: 2.090 millones de euros, 514 más que en el ejercicio anterior.

Financiación sanitaria sin precedentes

La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que los presupuestos refuerzan las capacidades del sistema sanitario ante la pandemia del COVID-19 y mejoran la capacidad de respuesta en los niveles preventivo, asistencial, hospitalario y de atención primaria.

La inversión en sanidad se incrementa un 75,3% y contará con 7.330 millones de euros si se suman los fondos nacionales y europeos. María Jesús Montero ha dicho que “es una oportunidad para que el conjunto del sistema sanitario se pueda reforzar en las áreas que se han identificado como más críticas”.

Empleo y vivienda

Las políticas de desempleo contarán con 4.191 millones más para dar respuesta a las necesidades que se derivan de la pandemia y el fomento del empleo subirá en torno al 30%.

Los presupuestos también recogen un incremento de las políticas de vivienda del 25% respecto al año anterior, a lo que hay que sumar actuaciones que se financian con cargo al mecanismo europeo.

En conjunto, ha anticipado la ministra de Hacienda, el Ejecutivo destinará más de 2.250 millones para promover el alquiler asequible, la construcción de vivienda – fundamentalmente pública- y la rehabilitación para incorporar sistemas de eficiencia energética.

Investigación, digitalización e industria estratégica

Las cuentas públicas, según ha explicado la ministra, impulsarán la competitividad a través de la innovación, la investigación y el conocimiento de las áreas emergentes. En este sentido, suponen “un esfuerzo sin precedentes en I+D+i y digitalización, áreas que recibirán 12.344 millones de euros”.

María Jesús Montero ha manifestado que la voluntad del Gobierno es hacer de la industria, que amplía su dotación en más de 5.690 millones de euros, un sector estratégico con más peso en la economía: “Queremos impulsar un tejido industrial cada vez más sostenible, viable, digitalizado dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular”.

Igualmente se incrementan en más de 1.300 millones de euros las partidas para pymes, comercio y turismo.

Otro de los incrementos en las partidas de gastos más relevantes es el relativo a infraestructuras, que contarán con más de 11.527 millones de euros.

Fondos europeos

María Jesús Montero ha precisado que el 21% de los fondos europeos se destinarán a industria y energía para favorecer la transformación de nuestro sistema productivo; un 17,8% a investigación, desarrollo, innovación y digitalización y las infraestructuras y ecosistemas resilientes recibirán el 17,6% de los fondos, seguidos de sanidad, educación, acceso a la vivienda, comercio, turismo y pymes. “Los recursos tienen dos objetivos: avanzar hacia ese modelo de crecimiento sostenible, innovador y digital y, al mismo tiempo, reforzar estas políticas sociales”.

Estabilidad presupuestaria

La ministra ha reiterado que el hecho de que estemos ante un presupuesto expansivo, impulsado por el Plan de Recuperación Europea, no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria.

El Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales, ha recordado Montero, pero su voluntad es sanear las cuentas públicas y bajar el déficit público en 2021: “Este año estimamos que el déficit va a cerrar en torno al 11,3% y para el año que viene prevemos que se reduzca al 7,7%”.

La Administración General del Estado, según las previsiones, reducirá el déficit del 6,6% al 2,4%, y el déficit de las comunidades y de los ayuntamientos podría subir si utilizan sus remanentes de tesorería. El de la Seguridad Social se estima que bajará al 3% porque el mayor gasto para combatir la pandemia se ha producido este año.

Presupuesto de ingresos

La ministra de Hacienda ha afirmado que la recuperación de la actividad prevista para el año que viene se traducirá en un incremento de la recaudación fiscal. De hecho, ha señalado, esta recaudación ya se está comportando mejor que la propia economía en 2020, porque, aunque se ha reducido como consecuencia de la menor actividad provocada por la pandemia, lo ha hecho en un porcentaje más bajo que la riqueza del PIB: “En 2020 la recaudación tributaria cae un 7,6% en nuestra previsión, 3,6 puntos menos que el PIB nominal”.

En opinión de Montero, este hecho no es casual, sino que se ha debido, entre otras, a las medidas de protección de las rentas aprobadas por el Gobierno, con los ERTES como principal herramienta.

Modificaciones tributarias puntuales previas a una reforma fiscal en profundidad

Montero ha expresado la intención del Ejecutivo de abordar una reforma fiscal en profundidad cuando la crisis sanitaria se haya superado y se haya recuperado por completo la estabilidad económica. La ministra ha afirmado que es necesario adecuar el sistema tributario actual al de los países europeos de nuestro entorno y a la realidad económica del siglo XXI, solventando, por ejemplo, el anacronismo de tener “una tributación analógica para una economía digital”.

El Gobierno, ha anunciado, nombrará un comité de expertos para asesorarlo. Para el próximo ejercicio, no obstante, se han incorporado ya algunas modificaciones tributarias puntuales avaladas por organismos nacionales, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), o internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los cuatro objetivos de estos ajustes fiscales son, según la ministra, “ganar progresividad, favorecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, apoyar hábitos de vida saludable y avanzar en fiscalidad verde”.

IRPF, impuesto de sociedades e impuesto de patrimonio

El Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se incrementará en dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales. Esta subida, ha dicho la ministra, tendrá efectos solo en un 0,7% de los contribuyentes. En la parte de rentas de capital y de ahorro se establece una subida de 3 puntos a partir de los 200.000 euros, una medida recomendada por la OCDE y que afectará a aproximadamente 17.000 contribuyentes de un total de 21 millones.

En cuanto al Impuesto de sociedades, la ministra de Hacienda ha explicado que en 2021 se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida “que afectará a 1.739 empresas, un 0,12% de las más de millón y medio que tenemos en nuestro país”. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la exención del 100% durante los próximos tres años.

El Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros. Montero ha avanzado que el Ejecutivo prevé una armonización en todo el Estado de este impuesto transferido a las comunidades autónomas para evitar que se produzca “competencia desleal” entre ellas y dumping fiscal.

Autónomos y Planes de Pensiones

Montero ha anunciado que se van a prorrogar durante 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos para ayudar así a uno de los colectivos más afectados por la crisis.

Respecto a los planes individuales de pensiones, el límite de aportaciones máximas bajará de 8.000 a 2.000 euros, en línea con las recomendaciones de Airef y la Comisión Europea. Esta medida, ha advertido Montero, afecta a un número muy reducido de contribuyentes, puesto que, según datos de la Airef, solo un 8% de ellos hacen aportaciones superiores a 4.000 euros, y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros.

Subida del IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas

Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21% con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas como la diabetes. En bares y restaurantes, estas bebidas seguirán tributando al 10% actual “para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual”, ha apuntado la ministra.

Fiscalidad verde

Montero ha marcado como prioridad del Ejecutivo avanzar en políticas que incentivan los “comportamientos protectores” para el medio ambiente y penalizan los “agresivos”.

Así, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5. “Este precio sigue siendo inferior a la gasolina”, ha continuado la ministra, “pero el objetivo es ir equiparando de forma progresiva estos dos hidrocarburos como mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo en relación con la automoción, y enfocarla hacia una movilidad más sostenible”.

Montero ha defendido que la medida no tiene afán recaudatorio, y ha puesto como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 euros, IVA incluido, o 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año.

Se mantiene sin alteración la tributación actual sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.

Primas de seguros

La ministra de Hacienda ha destacado, por último, la modificación, por primera vez en más de 20 años, del impuesto sobre primas de seguros. El gravamen actual del 6% pasará a ser del 8%, un porcentaje, que según la ministra, seguirá estando por debajo de la media europea.

Nuevos impuestos

Montero ha señalado que están previstos nuevos tributos, ya aprobados, como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, o en tramitación, como los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, que tendrán reflejo futuro en el presupuesto de ingresos para 2021, aunque todavía no han sido incluidos.

“Estas medidas, junto con la lucha contra el fraude fiscal, supondrán un incremento de los ingresos de 4.223 millones, lo cual es imprescindible para el sostenimiento del Estado de bienestar”, ha afirmado.

 

Más de 28.000 plazas en la Oferta de Empleo Público para 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que sumará un total de 28.055 plazas entre personal funcionario de carrera y laboral.

Para la Administración General del Estado (AGE) se convocarán 18.323 plazas, de las cuales 9.227 serán de acceso libre y 8.996 por promoción interna. Esta última cifra, ha destacado la ministra Montero, supone la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.

El resto de plazas están destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.540), Fuerzas Armadas (1.857), Administración de Justicia (1.452), Administración local con habilitación de carácter nacional (549), Entes Públicos (256), docentes AGE (47), personal del Instituto de Gestión Sanitaria (26) y Consejo General Poder Judicial (5).

Ver Noticia en la página oficial de La Moncloa

Los consejos de los economistas para optimizar la factura fiscal antes de que acabe el año

El Consejo de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf) ha ofrecido 100 consejos para optimizar la factura fiscal antes de que acabe el año en sus Jornadas Nacionales que se celebran en Valencia.

Jesús Sanmartín, presidente del Reaf, ha recordado que “la declaración de la Renta empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre”, y que cuando se acerca el final del año es el momento de analizar qué cabe hacer para aprovechar las posibilidades de planificación que quedan. En un año sin novedades legislativas, los economistas sí que han advertido que ante las posibles subidas de impuestos por el pacto entre PSOE y Podemos, “hay interés” en las empresas por anticipar el pago de dividendos para evitar el gravamen del 5% que acordaron socialistas y morados. Esta imposición puede ser muy elevada en grupos con filiales, han avisado, ya que se produce un “efecto en cascada’ de filial a filial, con lo que la doble imposición puede darse tantas veces como filiales haya. Además, han constatado que conviene anticipar donaciones en comunidades como Madrid ante la armonización al alza de Sucesiones y Donaciones que plantean PSOE y Podemos.

Respecto a sus consejos en el IRPF, con carácter previo, recomiendan rebajar la tributación de ciertas plusvalías materializando pérdidas patrimoniales.

Algunos consejos

Entre sus consejos, señalan los ahorros que pueden lograrse en la indemnización por despido improcedente. Aunque están exentas con un máximo de 180.000 euros, cuando la Administración pueda probar que ha existido un pacto empresario-trabajador, se perderá la exención. No obstante, en estos casos será posible reducir el rendimiento íntegro en un 30%.

Si se han realizado trabajos en el extranjero que puedan quedar exentos, hay que blindarse ante los problemas que pueda plantear la Administración: hay que probar que el servicio produce una utilidad a la entidad destinataria y que en el país donde se realiza el trabajo se aplica un impuesto análogo al español, entre otras cuestiones.

En las donaciones de negocios familiares, aunque lo que se tenga que pagar en Sucesiones y Donaciones sea poco, hay que tener cuidado porque, si no se cumplen los requisitos para aplicar la reducción de la normativa estatal, la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en la operación tendrá que tributar en su IRPF.

Si tiene más de 65 años o va a alcanzar esa edad, puede rebajar su cuota a pagar mediante la exención de la ganancia obtenida al transmitir la vivienda habitual o la exención de las ganancias obtenidas en la venta de cualquier derecho o bien si el importe obtenido se revierte en una renta vitalicia, con un máximo de reinversión de 240.000 euros (en un plazo de 6 meses).

Se puede aprovechar la opción de imputar la renta a medida que sean exigibles los cobros, pero para ello es necesario que la operación de pueda calificar como a plazos. Tiene que existir un calendario de pagos pactado y que el vencimiento del último plazo se produzca, como pronto, transcurrido un año desde la venta.

Si se tiene un derecho de crédito que no se puede cobrar, para imputarse la pérdida patrimonial tiene que haber transcurrido al menos un año desde que se inició el procedimiento judicial para instar el cobro.

Si se cobran dietas por gastos de viaje, hay que estar preparado por si la Administración las comprueba, porque no tributan hasta ciertos límites. Conviene guardar los justificantes de alojamiento, transporte público, párking y peajes.

Los bonus de los trabajadores sólo se pueden reducir en un 30% cuando se han generado en más de 2 años y no se ha reducudo otra percepción similar en los 5 años anteriores. Los economistas recomiendan, si no se ha reducido en ese plazo, analizar si interesa reducir lo que se perciba en 2019.

VER SITIO ORIGINAL – Expansión.com

 

Hacienda se plantea recompensar el chivatazo en su lucha contra el fraude

El pasado 25 de octubre se celebraba en Zaragoza el XXIX congreso de inspectores de Hacienda del Estado. Durante el mismo, su presidenta, Berta Tomás, comentaba la posibilidad de fomentar la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude, recompensando a los delatores y ofreciéndoles protección.

La recompensa por los “chivatazos” es una medida que se aplicaba en los años ochenta. Consistía en “premiar” a los que denunciaran un supuesto fraude con un porcentaje de la sanción impuesta al defraudador.

Aunque la recaudación por denuncias tributarias tiene su peso en la lucha contra el fraude, el ciudadano sigue teniendo miedo a este tipo de actuaciones. La denuncia se utiliza sobre todo por parte de ex socios de entidades que se han apartado de las mismas en situación de conflicto o por ex cónyuges que han llegado a la separación mal avenidos.

En cualquier caso, cabe detenernos a analizar cuál es el procedimiento estipulado para presentar una denuncia tributaria. 

La denuncia puede hacerse por medios telemáticos desde la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Entraremos en la web www.agenciatributaria.es y veremos un menú vertical a la izquierda en el que podremos elegir entre: denuncia tributaria; denuncia de pagos en efectivo o denuncias de vigilancia aduanera. Según la situación sobre la que queramos informar podremos presentar:

  • Denuncia ordinaria
  • Denuncia de facturas y tiques no declarados
  • Denuncia de software de ocultación de ventas
  • Denuncia de comercio electrónico y fraude web
  • Denuncia de alquiler de inmuebles

También podemos presentarla en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria más cercana a nuestro domicilio y, en general, en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Puede presentarse personalmente o remitirse por correo. En el apartado “Modelos y Formularios” de la página web hay un modelo disponible para descarga que podemos utilizar.

Contenido de la denuncia

La denuncia debe identificar suficientemente al denunciado indicando su nombre y apellidos o razón social y su lugar de residencia. Esta información es imprescindible, aunque es conveniente aportar todos los datos que podamos recabar sobre el mismo y sobre los hechos de los que disponemos de información. Los hechos denunciados deberán concretarse suficientemente y acompañarse de la documentación de que se disponga para probarlos.

No es obligatoria la identificación del denunciante, pero sí el aporte de pruebas o indicios suficientes para que la inspección encuentre que existe causa para iniciar un procedimiento. El inicio de actuaciones inspectoras no se produce como consecuencia de la presentación de la denuncia sino por la actuación investigadora de los órganos de la Inspección. Es este órgano el que analizará la información proporcionada y acordará el inicio de la acción inspectora o el archivo del caso, si considera la denuncia infundada.

El denunciante no es parte interesada en el procedimiento y no se le comunicará información alguna respecto a la posible investigación de los datos consignados en la denuncia. La ley obliga a la Administración a guardar el más estricto sigilo respecto de los datos, informes y antecedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones. Tampoco tendrá derecho a conocer el resultado ni a interponer recurso o reclamación alguna en relación con él. (artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Mención aparte merece la denuncia de pagos en efectivo por incumplimiento de la limitación (pago en efectivo de un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 15.000 euros si el pagador es persona física que no actúa como empresario profesional sin domicilio fiscal en España). En este caso, aún habiendo incumplido, quedará exento de responsabilidad en la posible infracción todo aquél que denuncie a la otra parte interviniente en la operación dentro de los tres meses siguientes al pago. En este caso, el “perdón” tributario también funciona a modo de recompensa.

VER SITIO ORIGINAL – Iberley.es

La Inspección de Trabajo incrementará en 2020 los controles en materia de contratación temporal y de registro de jornada

Este órgano, formado por el Gobierno de Navarra y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha realizado también balance de la labor desarrollada a lo largo del año 2019, en el que destaca la conversión de 817 contratos temporales en fijos, gracias a la labor inspectora.

Por ámbitos de actuación, la economía irregular y el trabajo de extranjeros continúa siendo el más importante, con un 32% de las inspecciones previstas. Le sigue, prevención de riesgos Laborales (24%), seguridad social (21,4%), empleo y relaciones laborales (19,7%), y otras actuaciones (2,9%), ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En materia de prevención de riesgos, con una previsión de 2.064 órdenes de servicio, se introducen como novedades: la creación de una campaña autonómica en la que se incluyan las actuaciones efectuadas por Inspección de Trabajo y Seguridad Social de control de la ejecución de los Planes de retirada de amianto y, en general, el cumplimiento de las obligaciones empresariales establecidas en el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. También, la realización de una campaña europea sobre trastornos músculo esqueléticos durante los años 2020-2021-2022.

En el ámbito de relaciones laborales, con un incremento del 10% sobre el ejercicio anterior, se asignan 1.688 órdenes de servicio, planificándose un 70% de la acción inspectora, que se centrará principalmente en el control de la contratación temporal, contratos formativos y a tiempo parcial y sobre el cumplimiento de la jornada laboral (registro de jornada y horas extraordinarias). Se incrementa, igualmente, el área de Igualdad.

La planificación en materia de seguridad social, con 1.834 órdenes, representa el 21,4% de las actuaciones totales previstas. Se llevará a cabo con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y FOGASA. En este campo se planifican actuaciones inspectoras tendentes a controlar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social, a partir de los procesos de detección del fraude, vigilando los encuadramientos en regímenes indebidos, empresas con deudas a la Seguridad Social, sucesiones, grupos de empresas y subcontratas, prestaciones de seguridad social, control de bajas indebidas, infra-cotizaciones o bonificaciones indebidas.

Finalmente, se mantiene para 2020 un alto número de actuaciones en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, dirigidas a combatir el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social y, de esa forma, “hacer frente al deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social y una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos cumplidores de sus obligaciones legales”.

BALANCE 2019

La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también ha hecho balance de las actuaciones efectuadas hasta el 31 de octubre de 2019.

En materia de Prevención de Riesgos, se han practicado un mayor número de sanciones (238) y propuestas de recargo de prestaciones (77) derivadas de incumplimientos en Seguridad y salud laboral que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque se han finalizado un número menor de actuaciones y reducido el número de requerimientos de subsanación.

En el apartado de empleo y relaciones laborales, la actividad inspectora ha supuesto la conversión de 817 contratos temporales en indefinidos (550 h y 267 m) mediante la revisión de 4.005 contratos, evitando así que los trabajadores tengan que acudir al orden jurisdiccional reclamando su fijeza.

También se han regularizado 1.969 altas en Seguridad Social fruto de la intervención inspectora en los distintos sectores de actividad económica existentes en Navarra y se han practicado expedientes liquidatorios de cuotas de seguridad social por un monto total superior a los 11 millones de euros.

En cuanto a Economía Irregular, con vistas a conseguir una mayor efectividad en las labores de lucha contra la economía irregular, un número importante de las visitas se han realizado en horario nocturno (179), festivo (131) o festivo/nocturno (15) y con la colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (457).

El encuentro ha estado presidido por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi. Además, por parte del Ejecutivo foral, también han asistido, la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, María Ángeles Nuín y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón.

Por parte del Gobierno de España, han acudido el director de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude, Juan Grangel, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, José Félix Músquiz, el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Luis María García, así como el director territorial-jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, Guillermo Dachary.

VER SITIO ORIGINAL – 20minutos.es

El TC declara inconstitucional la plusvalía municipal si supera a la ganancia obtenida

31/10/2019 ElMundo.es

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota que resulte a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano.

Le Pleno del tribunal, por unanimidad, da respuesta así a una cuestión la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 32 de Madrid. En concreto, el tribunal l ha declarado que el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es inconstitucional…

La Agencia Tributaria promete un bonus de 100 millones a cambio de recaudar más IVA e IRPF

La Agencia Tributaria promete a sus funcionarios el abono de un bonus de 100 millones de euros  a cambio de recaudar …

Las sociedades inactivas desaparecerán tras el Covid

Según la Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, …

Concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2020

Cualquier entidad o empresa, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español, podrá presentar …